Paros, protestas y bloqueos ¿Qué hemos logrado?

Hace precisamente un año (20 de septiembre 2017) miles de personas se sumaban a la masiva movilización ciudadana que exigía la renuncia del presidente Jimmy Morales y de los diputados del Congreso de la República. Del presidente, por haber declarado “non grato” al comisionado de CICIG y, de los diputados, por haber aprobado reformas cuestionables al Código Penal; decisiones que buena parte de la sociedad guatemalteca rechazó y catalogó como disposiciones que procuraban debilitar el combate a la corrupción e impunidad, males sobradamente conocidos en los organismos del Estado.

Ayer, un año después de la popular participación multisectorial, nuevamente se respaldó la convocatoria de la AEU “Oliverio Castañeda de León” de la Usac, quienes llamaron a un paro y manifestaciones a nivel nacional, que tenían por consigna, entre otras cosas, la dimisión del primer mandatario y de otros actores de gobierno, quienes han procurado debilitar la credibilidad de la Comisión Internacional y del jefe de esta, Iván Velásquez, con el trillado discurso de defensa de la soberanía y la institucionalidad del país; cuando bien comprende la ciudadanía que, si es defensa y si son esfuerzos, pero por mantener la soberana impunidad y la institucionaliza corrupción.

Luego del llamado “despertar ciudadano” que se dio en 2015 a raíz de los emblemáticos casos de corrupción que destapó el Ministerio Público y la CICIG, sucede un fenómeno peculiar a mi consideración: las frecuentes movilizaciones y protestas de diversos sectores opuestos o favor del gobierno, así como de un mayor debate mediático respecto a las acciones y decisiones gubernamentales. Y en este entramado de vaivenes sociopolíticos, cabe preguntar ¿Dónde nos han llevado estas manifestaciones? ¿Qué hemos logrado como sociedad? ¿Cuánto se ha avanzado en reducir y penar los monstruosos tentáculos de la corrupción que han permeado, más visiblemente, el aparato estatal, a partir de las exigencias ciudadanas?

Los cuestionamientos no tienen la intención de demeritar las expresiones ciudadanas de indignación, rechazo y de reivindicaciones. Más bien, a mi juicio, pueden tomarse como bases de análisis y discusión para determinar la efectividad, logros y desafíos de la participación ciudadana en los paros, bloqueos y protestas como estrategias de lucha en Guatemala; puesto que las manifestaciones han sido una recurrente práctica contra los males imputados a cada gobierno, sin que tales falencias desaparezcan o disminuyan. Al contrario, tal parece que, en cada nuevo gobierno, los desatinos, perversión y degradación en la administración pública presentan un ritmo exponencial.

Una premisa fundamental que no debemos pasar por alto es, que la corrupción y la impunidad no se circunscriben exclusivamente en los ámbitos de la administración pública. Estos males se extienden y manifiestan también en las entidades privadas, ONG’s, sindicatos, asociaciones, cámaras, colegios, comités y organizaciones, abarcando desde lo empresarial, académico, religioso y hasta lo civil. Y no es atrevido decir que la corrupción y la impunidad, conceptos adoptados en el léxico popular, han permeado todas las esferas sociales, en donde la honorabilidad se vislumbra cada vez más exigua en quienes aspiran, simpatizan o lideran grupos sociales.

Inserto las palabras de un amigo mío con quien iniciamos una discusión respecto a las protestas ciudadanas, a raíz de una fotografía de manifestación en la que figuraban Álvaro Colom y Otto Pérez Molina, contra el entonces presidente Alfonso Portillo; ambos expresidentes, procesados ahora por actos ilícitos durante su gestión: “Muchos de quienes hoy protestan contra la corrupción, están ansiosos por ocupar un puesto público, haciendo creer al pueblo que ellos son los buenos, que son los indicados para velar por el bien común; y otros creen que con cambiar personas en los puestos públicos es un combate serio contra la impunidad y la corrupción”.

Si bien es cierto que muchas de las manifestaciones son genuinas expresiones de descontento ciudadano, también es innegable que éstas son utilizadas como medios de lucha por el poder y afianzamiento de protagonismo personal, en el que incluso muchos líderes intentar vender su imagen impoluta, cuando padecen quizá, de las mismas o más grandes tachas de quienes señalan.

Claro está que nuestras voces deben unirse contra los abusos, ilegalidades y a toda forma de opacidad e impunidad que se externalice en la sociedad. No obstante, en quienes se encuentre el anhelo de ver cambios profundos y reales en la sociedad, debe nacer el compromiso, la responsabilidad y congruencia, desde ahora, en ser un paradigma inmediato, continuo y extensivo en los contextos en que nos desenvolvamos, actuando bajo las normas éticas y morales que hoy demandamos en los gobernantes; y no repetir el vicioso círculo turbio, tan arraigado en ciertos sectores de la sociedad que se resisten al cambio, al cuestionamiento y a la honorabilidad.

El espíritu de justicia y cambio social orientada al bienestar de nación es lo que necesitamos hoy. Ese ánimo de no callar o ser indiferente ante las injusticias es lo que deja huellas y marca pautas en la historia. Sin embargo, durante años hemos venido presenciando manifestaciones, protestas, paros y huelgas que, posteriormente, no tuvieron mayor efecto, más que haber sido efervescencia a la indignación y discrepancia coyuntural.

Más que repudio y rechazo a las crisis que provocan los desaciertos gubernamentales, la sociedad requiere de nuevas generaciones de ciudadanos comprometidos a subsanar, mejorar y engrandecer al país. Utopía, quizá. Idealización, a lo mejor. Pero es inadmisible tolerar a quienes piensan que la vía de los cambios pasa por las armas y no por el dialogo, la paz y la aplicación de la justicia.

Este artículo fue publicado originalmente en la columna de opinión: “Perspectiva Invertida” del medio digital: Noticias Chimaltenango

*fotografía tomada de El Espectador

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